Las Madres hemos recorrido un largo camino que se inicia un 30 de abril de 1977, en plena dictadura militar, a instancias de Azucena Villaflor de De Vincenti, cuando catorce mujeres hacen pública la desaparición forzada de sus hijos a través del accionar genocida del terrorismo de Estado.

martes, 18 de noviembre de 2014

LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN SEÑALIZARÁ TRES EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE AZUL



La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Red Federal de Sitios de Memoria- señalizará el próximo VIERNES 21 de NOVIEMBRE tres sitios utilizados para la detención ilegal de personas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires.
El primer acto tendrá lugar a las 11 horas en General Güemes 65, en el acceso al Grupo de Artillería Blindada 1 “Coronel Chilavert”. Allí se inaugurará una placa que dará cuenta del funcionamiento de esa dependencia y del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 10 “Húsares de Pueyrredón” (ubicado en el mismo predio militar), en el marco del terrorismo de Estado. A las 12:30 horas se señalizará la ex Delegación Azul de la Policía Federal, sede del actual Juzgado Federal N° 1 de Azul, ubicado en Rubén César de Paula (ex Uriburu) 468, de la misma localidad.
Organizados por esta Secretaría junto con su par de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Azul, con la participación del Ministerio de Defensa, los actos contarán con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales locales, entre otros.
Grupo de Artillería Blindada 1 y Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 10
En estas unidades del Ejército Argentino se diseñó, controló e implementó el accionar represivo ilegal del Estado en distintas localidades del centro de la provincia de Buenos Aires, en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
El Grupo de Artillería Blindada 1 era la unidad de comando del Área militar 125, que coordinaba la represión en los partidos de Azul, Rauch, Gral. Belgrano y Pila. El Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 10, tenía a su cargo el Área 123, que abarcaba Azul, Tapalqué, Gral. Alvear, Saladillo, Roque Pérez y Las Flores. Ambas unidades dependían de la Subzona 12, bajo control del Primer Cuerpo de Ejército.
Según testimonios de sobrevivientes obrantes en causas judiciales y en el Archivo Nacional de la Memoria, en ambas dependencias permanecieron secuestradas por razones políticas personas provenientes de distintos centros ilegales de detención, algunas de las cuales continúan desparecidas.
El Grupo de Artillería 1 se encontraba a cargo del teniente coronel Pedro Pablo Mansilla y el responsable de las tareas de inteligencia era el teniente Alejandro Guillermo Duret, identificado en varios procedimientos de secuestro. Allí también se detuvo a un grupo de conscriptos que habían realizado el servicio militar en la misma unidad.
En 2009, Mansilla fue condenado a prisión perpetua y, en 2011, Duret a 15 años de cárcel, ambos por su responsabilidad en el secuestro, tortura y asesinato del militante peronista de Las Flores, Carlos Labolita.
Delegación de la Policía Federal
La dependencia donde funcionó la Delegación de la Policía Federal fue utilizada como centro clandestino de detención y torturas. Allí se mantuvo secuestrados a hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. Los detenidos permanecían horas, a veces días, durante los cuales eran sometidos a interrogatorios, para luego ser trasladados a distintos centros de detención de la zona, como la vieja estación del ferrocarril provincial, el Grupo de Artillería Blindada I o la Unidad Penal, entre otros.
La política nacional de señalizaciones
La preservación y señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables, garantizar la protección de los sitios de memoria por su valor testimonial y judicial y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.
La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales, con la participación de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.

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