Hoy, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales enviamos una carta a José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, a raíz de las declaraciones recientes de monseñor Jorge Casaretto.
De acuerdo a lo reproducido por los medios de comunicación, en un panel realizado en la Universidad Católica Argentina Casaretto afirmó, refiriéndose al proceso de justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país: "Tenemos que llegar a saber toda la verdad. No queremos de ninguna manera eliminar la justicia. El camino es memoria, verdad y justicia, pero parecería ser que hay una ecuación que no termina de funcionar, porque cuando más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada. (...) En Argentina privilegiamos la justicia, que por otra parte no es una justicia totalmente imparcial" (…) "Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad”.
Estas declaraciones intentan deslegitimar el proceso de memoria, verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, proceso que ha sido ratificado por los tres poderes del Estado. Y contradicen el derecho internacional de los derechos humanos según el cual ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a quienes resulten responsables y a revelar todo lo que pueda establecerse sobre los hechos y circunstancias de las violaciones. El derecho a la verdad es inseparable del derecho a la justicia y de ningún modo puede ser considerado como una alternativa a la obligación de investigar, procesar y castigar. Verdad y justicia no son opciones entre las que el Estado puede elegir. Son obligaciones que debe cumplir en conjunto.
Al mismo tiempo, en nuestro país, los procesos penales por estos crímenes han aportado una enorme cantidad de información relacionada con: la recuperación de la identidad de niños y niñas nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres, la localización e identificación de restos de personas detenidas- desaparecidas, los operativos realizados por las fuerzas armadas, los circuitos represivos, las cadenas de mando, las metodologías de exterminio, por mencionar sólo algunos aspectos.
Como las declaraciones de Casaretto son contradictorias con los principios del derecho internacional de los derechos humanos, con la voluntad manifestada por el conjunto de las instituciones democráticas de nuestro país y con la amplia mayoría de la sociedad argentina, le solicitamos a la Conferencia Episcopal que aclare públicamente su posición al respecto para brindar tranquilidad a la sociedad y certezas sobre su colaboración activa con el proceso de justicia en curso.
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